EXPERIMENTOS

Desde el 17 de octubre de 2024 el Banco Central de Bolivia añadió en su página web un apartado con tablas de tipo de cambio de activos virtuales, señalando en la parte final con asterisco que los precios eran referenciales, no las tablas correspondientes enumeradas por la Unidad de asesoría de política económica. Al consultar sobre los motivos por los que repentinamente desde el 27 de mayo de 2025 suprimió esta pestaña, contestan que conforme a su normativa el BCB no tiene facultades ni competencias para pronunciarse, y que las publicaciones sobre activos virtuales son referenciales. ¿si no tiene facultades, por qué publicaron tablas en primera instancia? Sabiendo además que el reglamento operativo para obtención y transferencia de activos virtuales para entidades públicas (RM 055/2025) establece en su Art. 5 que las entidades podrán considerar las tablas publicadas por el BCB.

Una ley modificatoria electoral, incluye un artículo en el que; de manera entreverada; interopera entre entidades del Órgano Electoral (SERECI) y el Órgano Ejecutivo (SEGIP). Para garantizar el consentimiento voluntario de los ciudadanos/as, se instruye que se emita un reglamento en un plazo determinado. El resultado: un plazo incumplido, un reglamento inexistente y un consentimiento nulo.

Ante una controversial propuesta de convenio ante la ONU de Rusia sobre cibercrimen, Bolivia, expone una postura incongruente entre entidades y representantes, en la que, no se identifica una línea coordinada ante un documento potencialmente vulneratorio de derechos humanos. HRW califica al tratado de cibercrimen como un “desastre para los DDHH”, han creado una herramienta de vigilancia sin precedentes, Deborah Brown, directora adjunta de HRW Cybersecurity tech Accord insta al Comité a no aprobar el borrador final.

¿Qué hicimos para incidir en la decisión del gobierno para dejar sin efecto la normativa que prohibía el uso de criptoactivos en Bolivia? Revise la cronología de acciones realizadas.

En 2001 se aprobó el Convenio de ciberdelincuencia en Budapest, Hungría. En el transcurso de los años más del 80% de los países latinoamericanos se han adherido al convenio como un instrumento elemental para al lucha contra el cibercrimen desde la cooperación internacional. Esta iniciativa legislativa es el primer paso para la adecuación de la normativa penal. JUNIO, 2024

La iniciativa legislativa es la única manera de regular la desregularización de una economía digital. El objetivo; fundado en el derecho constitucional a la propiedad y libertad patrimonial; es que el Banco Central de Bolivia no prohiba el intercambio de activos digitales. El presente proyecto se base en los criterios de varias entidades del Estado. JUNIO, 2024

La Disp. Transitoria 6ta del D.S. 3251 de 2017 señala que “a los cuatro (4) años de aprobado el presente Decreto Supremo, la AGETIC (…), realizarán la evaluación al proceso de implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, para considerar el estado de situación y el nivel de cumplimiento en los aspectos técnicos, financieros, administrativos y normativos y efectuar los ajustes necesarios, producto de la evaluación.” Al presente, en 2024, han pasado 7 años, y la AGETIC únicamente tiene una evaluación a medio término. Y, sin producto de evaluación final, no hay ajustes necesarios.

La Constitución establece que el espectro electromagnético es un recurso natural, estratégico y de interés público. El pueblo boliviano tiene la propiedad y dominio de éste. La Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones (ATT) ha contratado a una empresa privada China para que implemente un sistema de monitoreo, y le ha delegado la excepción de utilizar software privativo, extremo que, por Decreto (D.S. 4592) únicamente le otorga a la entidad pública, y no así a empresas extranjera privadas. REVISE EL INFORME Y LOS CONTRATOS.

En una visión de gobernanza; un grupo de Asambleístas y activistas; hemos promovido; desarrollado por Alhasoft; la plataforma web CONTROLCENSO.COM para llevar a cabo el control social del Censo Bolivia 2024. Permítete ejercer un control social activo para evitar que existan irregularidades en el procesamiento de datos con las boletas censales y los resultados finales sean fidedignos.

En una emblemática sentencia constitucional (Nº819/2015) se ha identificado que: “La Fiscalía General no cuenta con un área de informática dentro de un proceso penal que le permita identificar y neutralizar las imágenes de contenido denigrante o sexual que se encuentren circulando por internet”. El Tribunal exhorta a que se gestione y coordine medidas para implementar programas de medidas de protección a víctimas surgidas de internet, citando que "(...) lo contrario sería no obedecer a su propósito como institución, e ir contra las normas constitucionales, generando en ese caso responsabilidades respecto de nuevas vulneraciones a los derechos referidos en este fallo constitucional". Se exhorta a la defensoría del pueblo a realizar seguimiento. Desde 2015 ninguna de las entidades hizo absolutamente nada en específico.

Los resultados más relevantes son: ->Parciales avances del PIGE ->Cuestionable tratamiento de datos personales y confidencialidad que resultan; en algunos casos; ambiguos. -> El Plan Inst. de Seguridad de la Información es confidencial mediante resolución, aspecto que dificulta el control social. -> No tienen el consentimiento de ningún ciudadano censado. -> Sigue pendiente una “nube” para descargar información estadística -> No se ha provisto de información sobre un acuerdo de confidencialidad con los operadores. Más, en casos excepcionales en los que la norma se contradice en cuanto a la anonimización (Ej. Personas con VIH amparadas por ley especial).

El pasado 17 de mayo día internacional de telecomunicaciones, se ha presentado, desde la iniciativa legislativa ciudadana, una propuesta para establecer un marco regulatorio de cadena de bloques y criptoactivos como tecnología emergente para optimizar la economía nacional y remover la prohibición establecida en la RDN Nº 144/2020 del Banco Central. Puedes apoyar la iniciativa firmando en: https://www.change.org/criptolibreBO MAYO, 2023

Aquí puede encontrar una lista de publicaciones de medios de prensa nacionales e internacionales que comparte la iniciativa legislativa sobre criptoactivos impulsada por el Director de Ciberjusticia.

En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el gobierno transitorio de Añez, ha emitido una norma que regulaba el telerabajo. Sin embargo, en 2021, el gobierno de Arce deja sin efecto esta primera norma, para emitir otro nuevo Decreto Supremo, pero con la desprolija mención de que, dicha norma únicamente regiría "durante la pandemia de la COVID-19"

No, no es prohibido el uso de dispositivos móviles en las entidades financieras, al menos no en la (larga) espera, y se hace mención a este aspecto en un reglamento de seguridad física. Así lo refiere la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)a la investigación que realizó Ciberjusticia.